Más de una década después de las primeras denuncias, el conocido como “criadero de los horrores” de Melgar de Fernamental vuelve a ocupar el centro de la actualidad judicial en Burgos. Este martes, 1 de septiembre, está previsto que el principal acusado se siente por fin en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 2 para responder por una larga lista de hechos relacionados con el maltrato continuado de decenas de perros.
El proceso llega tras años de inspecciones del Seprona, avisos vecinales, expedientes administrativos y rescates por parte de asociaciones protectoras, que llevaban tiempo reclamando una intervención contundente. El caso se ha convertido en un símbolo del debate sobre cómo reaccionan las administraciones y la Justicia ante situaciones graves de abandono y crueldad hacia los animales.
Un criadero bajo la lupa desde 2013
La historia de este criadero en Melgar de Fernamental, en la provincia de Burgos, arranca oficialmente en 2013, cuando el Seprona comenzó a vigilar las instalaciones para comprobar si se cumplía la normativa higiénico-sanitaria y de bienestar animal. Desde entonces se fueron acumulando actas, denuncias y expedientes por deficiencias reiteradas.
Según la Guardia Civil, la licencia ambiental del centro autorizaba la presencia de un máximo de 75 perros, pero en diferentes inspecciones se llegó a contar hasta 147 animales: 97 adultos y 50 cachorros, una cifra que duplicaba con creces lo permitido. Muchos presentaban una delgadez extrema, enfermedades sin tratar y carecían de atención veterinaria adecuada, algo que varias fuentes coinciden en señalar.
Con el paso del tiempo, los hábitos negligentes del criador no solo afectaron a los perros. Vecinos y habitantes del municipio denunciaron la suciedad generalizada, los olores persistentes, las deposiciones acumuladas mezcladas con restos de comida y la presencia de plagas de parásitos en el entorno, generando un notable malestar en la localidad.
Las organizaciones de protección animal, especialmente Proanbur y Justicia y Defensa Animal, comenzaron a hacer pública la situación de forma insistente. Sus comunicados, concentraciones y campañas buscaron que el caso no quedase en meras sanciones administrativas y empujaron a reclamar una actuación firme sobre el criadero.
Inspecciones decisivas y el papel del Seprona
A partir de 2019 la presión se intensificó. Ese año, el Seprona de la Guardia Civil, acompañado de una veterinaria de la Junta de Castilla y León, llevó a cabo una inspección en la que se volvieron a constatar las graves condiciones del centro. Varios perros tuvieron que ser retirados de inmediato debido a su mal estado de salud.
En ese mismo periodo se comprobó el deficiente estado general de los cheniles y de los animales, y se detuvo al criador por maltrato animal, retirándole inicialmente cuatro perros en situación crítica. Posteriormente fue arrestado de nuevo por la estafa en la venta de un perro y otra vez más por persistir el maltrato y el abandono en sus instalaciones.
Las actuaciones no se quedaron ahí. Meses después de esa intervención, se produjeron nuevos rescates y controles, y durante las inundaciones de noviembre de 2019 varios voluntarios participaron en la evacuación de decenas de perros para evitar que quedaran atrapados en unas instalaciones ya de por sí muy deterioradas.
Todas estas intervenciones se enmarcaron en lo que la Guardia Civil bautizó como Operación Chenilbur, un dispositivo que, según las diferentes fuentes consultadas, supuso un punto de inflexión para pasar de los expedientes administrativos a un abordaje penal del caso.
El desmantelamiento del criadero en 2020
La actuación definitiva se produjo en febrero de 2020, cuando la Guardia Civil, bajo mandamiento judicial, registró varias propiedades vinculadas al acusado: dos domicilios, una finca y el propio criadero. Para entonces, la situación había empeorado todavía más, hasta el punto de que distintas crónicas describen el escenario como “estremecedor”.
En las instalaciones se localizaron perros hacinados entre excrementos, sin agua ni comida suficiente, junto a cadáveres de otros animales. Los agentes hallaron también restos de perros en un contenedor de plástico que funcionaba como vertedero, y algunas necropsias posteriores detectaron indicios de canibalismo entre los propios animales.
Uno de los momentos más impactantes de la intervención fue el descubrimiento, en una vivienda, de decenas de canes encerrados en pésimas condiciones y la localización de cachorros muertos, incluido un pequeño dentro de una bolsa en el congelador. La Guardia Civil ha insistido en que las necropsias confirmaron que muchas muertes estaban vinculadas a un abandono total y prolongado.
En conjunto, la operación permitió la retirada judicial de 86 perros supervivientes y dos gatos, animales que quedaron bajo la tutela de diversas entidades y familias de acogida. Además, en distintas inspecciones previas se habían recuperado otros perros que precisaban atención veterinaria urgente por su estado crítico.
Rescate, rehabilitación y esfuerzo de las protectoras
El cierre del criadero no puso fin al problema, sino que abrió una nueva etapa centrada en la recuperación física y emocional de los animales supervivientes. Proanbur y otras asociaciones se hicieron cargo de la atención veterinaria, la rehabilitación y la búsqueda de hogares para los perros y gatos rescatados.
Desde la protectora burgalesa insisten en que muchos de estos animales llegaron con secuelas graves: desnutrición, enfermedades crónicas, miedo intenso y trastornos de conducta derivados de años de maltrato y hacinamiento. La recuperación de buena parte de ellos requirió tratamientos prolongados y una importante inversión de tiempo y recursos.
La asociación recalca que tuvo que asumir gastos veterinarios y de manutención muy elevados durante meses, costeados en buena medida gracias al apoyo económico de particulares y a la colaboración de clínicas veterinarias, voluntariado y casas de acogida. Hablan de un “extraordinario esfuerzo humano y económico” para que esos animales pudieran empezar una vida digna.
Paralelamente, el caso contribuyó a movilizar a la ciudadanía más allá de la provincia de Burgos. Concentraciones, campañas de denuncia y difusión en redes sociales hicieron que el “criadero de los horrores” se convirtiera en un referente para reclamar cambios en la respuesta institucional ante el maltrato animal.
La fuga del propietario y la búsqueda internacional
Mientras avanzaban las actuaciones sobre el terreno, el principal investigado tomó otro rumbo. Pocos días antes de los registros de febrero de 2020, el dueño del criadero abandonó España, lo que obligó a redirigir el procedimiento hacia una búsqueda internacional que se prolongó durante más de cinco años.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos dictó entonces una orden internacional de detención y extradición, y a través de Interpol se emitió una “Red Notice” para solicitar la cooperación de cuerpos policiales de otros países en la localización del fugitivo.
Los trabajos del Seprona y de otras unidades permitieron ubicar inicialmente al investigado en una región de México y, años después, en Venezuela. Finalmente fue detenido en este último país y, tras un proceso de trámites judiciales y burocráticos que se alargó durante más de un año, las autoridades venezolanas lo entregaron a España.
El acusado llegó a territorio español a finales de febrero y desde entonces ha permanecido en prisión preventiva para evitar una nueva fuga, dadas sus antecedentes de evasión. Expertos en Derecho Animal han subrayado que la emisión de una orden internacional en un caso de maltrato animal constituye un precedente relevante en la persecución de este tipo de delitos.
Los delitos que se juzgan y los antecedentes penales
Identificado en las diligencias por sus iniciales, el propietario del criadero se enfrenta ahora a acusaciones de maltrato animal continuado en su modalidad agravada y de alzamiento de bienes o frustración de la ejecución, al haber puesto supuestamente propiedades a nombre de familiares para eludir la acción de la Justicia.
Las penas solicitadas por estos delitos pueden incluir prisión, multas económicas e inhabilitación especial para ejercer profesiones, oficios o comercios relacionados con animales, así como para su tenencia durante un largo periodo. La Guardia Civil ya había reclamado en su día la revocación de la licencia ambiental del criadero y la clausura definitiva de las instalaciones.
Antes incluso de abandonar España, el acusado acumulaba antecedentes por atentado, intrusismo profesional, quebrantamiento de condena y maltrato animal, según recogen distintas resoluciones. Estos antecedentes forman parte del contexto con el que el tribunal valora ahora la responsabilidad penal en el caso del criadero de Melgar.
El procedimiento que arranca supone, en la práctica, la culminación de más de diez años de denuncias, inspecciones y actuaciones judiciales. Se trata de una vista oral muy esperada por las asociaciones personadas, que han batallado para que el caso no quedara sin respuesta por la ausencia prolongada del principal investigado.
Un símbolo en la lucha contra el maltrato animal
Para entidades como Proanbur, la importancia de este juicio va más allá del propio acusado. La asociación insiste en que lo ocurrido en Melgar de Fernamental debe servir para mejorar la coordinación entre administraciones, fuerzas de seguridad y organizaciones de protección animal cuando se detecten casos graves de abandono o crueldad.
A lo largo de estos años, los colectivos implicados han reclamado una respuesta más rápida, coordinada y eficaz ante las denuncias, subrayando que las señales de alarma se acumulaban desde hacía tiempo antes de que se tomaran medidas definitivas. Para ellos, el caso ilustra hasta qué punto los retrasos institucionales pueden traducirse en sufrimiento prolongado para los animales.
Las asociaciones recuerdan también que detrás de los expedientes, cifras y actuaciones hay animales concretos: perros que padecieron hambre, enfermedades, hacinamiento y abandono; algunos murieron sin llegar a ser rescatados y otros, gracias a la intervención final, pudieron empezar una nueva vida en hogares de adopción.
Con el inicio de la vista oral en Burgos, protectoras, voluntariado y ciudadanos que han seguido el caso durante años confían en que la Justicia depure las responsabilidades que correspondan y envíe un mensaje claro frente al maltrato animal. Al mismo tiempo, insisten en que la experiencia de Melgar de Fernamental debe impulsar cambios que eviten que una situación similar pueda repetirse en el futuro.
Todo este recorrido, desde las primeras inspecciones en 2013 hasta el juicio actual, ha convertido al “criadero de los horrores” en un referente incómodo pero necesario: un recordatorio de lo que sucede cuando fallan los controles y de lo que puede lograrse cuando la presión social, la labor de las protectoras y la acción judicial terminan convergiendo para rescatar a los más vulnerables.
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